Naciones Unidas estima que la producción de opio alcanza las 4,519 toneladas, alrededor del 87% del total global y origen del 90% de la heroína que se consume en Europa.
Sin embargo, la economía afgana, eminentemente rural, depende de estos cultivos y su erradicación está creando más pobreza y malestar en las comunidades rurales.
El presidente Hamid Karzai ha declarado la guerra a las drogas ante el peligro de que Afganistán se convierta en un narcoestado y los cultivos de opio se han reducido en un 21% este año, pero su política ha sufrido hoy mismo un fuerte revés: se ha conocido la dimisión del ministro de Interior Ahmad Ali Jalali, que luchó por combatir el narcotráfico y ahora se va, entre otros motivos, por un sentimiento de frustración sobre el mercado de la droga.
La oficina del presidente Karzai ha restado importancia a la decisión de Jalali de abandonar su cargo (en principio para ejercer una carrera académica en Estados Unidos) y el jefe de la presidencia, Jawed Ludin, ha negado que se deba a desavenencias con Karzai en temas de narcotráfico. Sin embargo, Jalali ha declarado que su renuncia se debe al «deseo de una vida más relajada» y ha expresado su frustración por la implicación de gente influyente en el comercio de la droga.
Ante la complicada situación que se genera para los campesinos con la erradicación de los cultivos de opio, se planteó la sustitución de estos por cultivos alternativos. Pero, tal como advierte el Banco Mundial en su primer informe sobre Afganistán en 25 años, «la erradicación en ausencia de sustentos alternativos no funciona».
A falta de cultivos alternativos que viniesen a suplir los del opio, se ha planteado una solución por parte de «The Senlis Council», foro europeo de políticas sobre drogas: permitir a Afganistán cultivar y exportar opio para usos legales (el opio está incluido en la composición de varios medicamentos de curso legal) y crear una industria local para vender sus derivados. La producción legal de opio está regulada por una convención de la ONU de 1961.